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Yemen-Una terrible masacre contra la población civil, apoyada por EEUU

Por Ale Kur, SoB, 31/8/17

Desde comienzos de 2015, Yemen (país ubicado en la península arábiga) se encuentra sumido en una guerra civil con intervenciones extranjeras, con consecuencias terriblemente devastadoras. Inclusive antes de la guerra, Yemen se trataba ya del país más pobre del mundo árabe, con una gran cantidad de población (25 millones de habitantes) pero desértico y sin los recursos naturales (petrolíferos, gasíferos, etc.) que volvieron millonarios a sus países vecinos.

En marzo de 2015, una coalición internacional liderada por Arabia Saudita (junto a otras monarquías del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, y junto a la dictadura egipcia de Al Sisi) comenzó su intervención en la guerra civil, con una brutal campaña de bombardeos indiscriminados.  Dicha intervención contó (y cuenta aún) con el apoyo de Estados Unidos[1], el Reino Unido y Francia. El objetivo de la misma es defender los intereses regionales del bloque saudí, contra la influencia de Irán y sus aliados locales.

La coalición internacional que intervino en Yemen es responsable de una gran cantidad de crímenes de guerra, que incluyen el bombardeo deliberado de infraestructura civil (incluyendo hospitales, escuelas, zonas residenciales, etc.), dejando miles de muertos. Para esto ha utilizado inclusive armas prohibidas internacionalmente como las bombas de racimo.

Por otro lado, dicha coalición implementó también un inhumano bloqueo naval y terrestre a las mercancías que provienen del exterior, bajo el pretexto de impedir el ingreso de armas iraníes. En la práctica, lo que el bloqueo hace es detener la llegada de alimentos y combustible (vitales en una economía que depende enormemente de las importaciones).

Esta situación provocó una enorme crisis humanitaria en Yemen, una de las peores de nuestra época histórica. Según organismos internacionales, más de 17 millones de yemeníes (el 60 por ciento de la población del país) sufren inseguridad alimentaria y desnutrición. Entre ellos, 7 millones están en peligro real de muerte por hambre, en pleno siglo XXI. Esto, junto al colapso general de la infraestructura, provocó un brote de cólera de enormes dimensiones: más de 300 mil personas se infectaron, de las cuales murieron más de 2 mil. Esta enfermedad afecta especialmente a los niños.

La brutal situación que viven millones de yemeníes es silenciada por los grandes medios de comunicación, que son cómplices de los crímenes de la coalición apoyada por Estados Unidos y las grandes potencias occidentales.

De la “Primavera Árabe” a la guerra civil y la catástrofe humanitaria

Desde 1990 y hasta 2011, Yemen fue gobernada por el presidente Ali Abdullah Saleh (que a su vez había gobernado Yemen del Norte desde 1978, hasta la reunificación del país). Se trata de uno de los exponentes del nacionalismo árabe que fue dominante en la región durante muchas décadas.

En 2011, el estallido de la Primavera Árabe estimuló el surgimiento de enormes movilizaciones en Yemen (con gran protagonismo de la juventud), levantando las mismas demandas que en el resto de los países de la región: denunciando el hambre, la pobreza, la corrupción y el régimen político antidemocrático y represivo.

Tras varios meses de inestabilidad y crisis política, en noviembre de 2011 el Consejo de Cooperación del Golfo (organismo que nuclea a los países de la península arábiga) llegó a un acuerdo mediante el cual Saleh renunciaba a la presidencia, y el poder era traspasado a Abdo Rabu Mansur Hadi (su vicepresidente), apoyado por Arabia Saudita y EEUU. A cambio, Saleh podía quedarse en el país liderando su partido político (Congreso General Popular), y el régimen en su conjunto permanecería intacto. La farsa del acuerdo se “legitimó” en 2012 mediante unas elecciones de candidato único, donde solo Hadi podía presentarse. De esta manera, se intentaba poner fin a la Primavera Árabe en Yemen en base a acuerdos por arriba, con un títere del imperialismo como presidente, negándole toda participación al pueblo y sin cambiar nada esencial. Sin embargo, esto no logró frenar las movilizaciones populares que mantuvieron sus demandas originales.

La erosión del sistema político continuó su curso, y se agravó la situación económica. El gobierno de Hadi avanzó con una quita a los subsidios del petróleo (receta clásica del FMI), provocando un aumento del costo de vida. Esto produjo una ola de rechazo popular y provocó enormes movilizaciones en Sanaa, la capital de Yemen.

En septiembre de 2014 esta situación fue capitalizada por los llamados “Hutíes”. Se trata de una organización política (denominada “Ansar Allah”) de raíz étnico-tribal, adherente a la secta Zaidí -una variante de la religión musulmana chiita-, y que se referencia con el régimen iraní. Sus milicias armadas avanzaron sobre la capital tomándola, en alianza con las brigadas militares y grupos tribales leales al expresidente Saleh (una alianza extraña y “ad hoc”, dado que ambas facciones habían estado enfrentadas durante décadas y no tienen ningún terreno ideológico-político en común).  En enero de 2015 esta alianza tomó el palacio presidencial de Yemen, estableciendo al poco tiempo su propio gobierno y su propia dictadura sobre la población, reprimiendo manifestaciones populares de disenso (inclusive estudiantiles, matando a varios jóvenes en ellas).

En paralelo, el “presidente” Hadi pudo escapar, estableció su administración en Adén (ciudad más importante del sur del país) y solicitó la intervención de sus aliados saudíes para restaurar su gobierno. La intervención se concretó en marzo de 2015, apenas logrando evitar que colapse por completo el régimen de Hadi por la vía de consolidar la división del país (entre el norte dominado por la alianza Huties-Saleh y el sur oficialista), pero no logró de ninguna manera modificar esas fronteras en los tres años de guerra civil que le sucedieron (permanecen estancadas hasta el día de hoy). Mientras tanto, a medida que el país se desangraba en su conflicto, grupos jihadistas como Al Qaeda e ISIS aprovecharon la situación para consolidar y expandir su propia presencia en el país, dominando regiones enteras.

Ese es entonces, al momento actual, el único saldo de la guerra civil y de la intervención extranjera: catástrofe humanitaria, destrucción del país, miles de muertes y una expansión de los grupos extremistas religiosos.

Crisis y divisiones en ambos bandos

Mientras el frente militar permanece prácticamente sin modificaciones, ambos bandos sufren fuertes problemas internos.

La coalición internacional liderada por Arabia Saudita se encuentra debilitada por varios factores: el fracaso de su larga intervención, el creciente cuestionamiento a sus crímenes de guerra, y las tensiones internas derivadas de la crisis con Qatar (que se retiró de la coalición ante el bloqueo que le realizaron el resto de sus ex–aliados). La propia clase dominante saudita se encuentra fuertemente dividida, sin consenso de como continuar con la guerra (ni con la estrategia exterior del país en general).

Por otro lado, en los últimos meses comenzó a abrirse una grieta al interior de la alianza entre los Hutíes y Saleh. Los primeros acusan al segundo de estar en conversaciones con la Coalición Internacional para buscar un acuerdo. Por su parte, el segundo organizó la semana pasada una multitudinaria movilización (de cientos de miles de personas) en la capital Sanaa, en ocasión del 35 aniversario de la fundación de su partido. Desde el palco, los oradores lanzaron fuertes críticas a sus aliados Hutíes, acusándolos de monopolizar la mayor parte del poder (como los medios de comunicación estatales) y de realizar una mala administración en las zonas que controlan (demorando la paga de empleados y combatientes). Sostuvieron que su partido no está dispuesto a ser un “socio menor” de los Hutíes, lo que pone en el horizonte la posibilidad de una ruptura entre ambos. Este panorama se vio agravado por algunos choques armados que se desencadenaron entre ambas facciones, si bien no pasaron (por el momento) a mayores. De fondo, la problemática es la falta de cualquier visión en común: mientras el partido de Saleh adhiere al viejo nacionalismo árabe (en su fase decadente), los Hutíes están mucho más cercanos al régimen teocrático iraní.

Más allá de cómo se desenvuelvan estas contradicciones en el futuro, está claro que todos los bandos y facciones que pelean en la guerra civil encarnan posiciones reaccionarias, contrarias a las demandas democráticas y de transformación social enarboladas en 2011 por la juventud y el pueblo (tanto en Yemen como en gran parte del mundo árabe). Esto se agrava por la brutal intervención extranjera apoyada por el imperialismo de EEUU, que tiene desastrosas consecuencias para la población civil.

Es necesario frenar la masacre en Yemen, imponiendo la retirada de todas las potencias extranjeras que vienen interviniendo, derrotando a los aparatos reaccionarios e imponiendo el poder de los explotados y oprimidos.

[1] Es importante aclarar que ya mucho antes de la guerra civil EEUU venía bombardeando Yemen con sus “drones”, contra objetivos supuestamente pertenecientes a Al Qaeda –operativos donde muchas veces mueren civiles que nada tienen que ver con la organización jihadista.

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El referéndum constitucional agrava la crisis política

Por Ale Kur, SoB, 16/3/17

Estas últimas semanas Turquía volvió a ser noticia en la política internacional. El motivo es la crisis diplomática que se abrió entre dicho país y Europa (especialmente, Holanda). En el centro del problema se encuentra el referéndum constitucional que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan convocó para el mes de abril, intentando establecer un sistema político presidencialista en lugar del actual sistema parlamentario. Para comprender todo esto, haremos un repaso de la situación política que atraviesa el mencionado país de Medio Oriente en los últimos años.

Turquía se encuentra sumida hace ya largo tiempo en una situación de crisis política. No se trata exactamente de una crisis de gobernabilidad, ya que el poder se encuentra fuertemente concentrado en manos del partido islamista gobernante (AKP) y su líder, el presidente Erdogan. Lo que está en crisis es el andamiaje institucional: la relación entre las instituciones, los diversos partidos y sectores políticos, etc. El régimen político en su conjunto se encuentra sometido a una fuerte presión.

Esta crisis tuvo varios momentos. En mayo-junio de 2013, la rebelión popular del parque Gezi puso en cuestión al gobierno del entonces Primer Ministro Erdogan, golpeándolo desde la izquierda, desde una posición laica y desde los intereses populares. Esta rebelión fue derrotada, pero tuvo como consecuencia un fuerte aumento en la polarización en el país y la apertura de un ciclo de inestabilidad política.

En agosto de 2014 Erdogan fue electo Presidente de Turquía, cargo que en un sistema parlamentario reviste una importancia relativa (más protocolar que real). Sin embargo, en los hechos siguió concentrando gran parte del poder en el país, por ser el líder indiscutido del partido gobernante. Por otro lado, esto ocurrió luego de una década entera de que ejerciera el cargo de Primer Ministro, siendo la figura política central en todo este periodo. Se comenzó a instalar entonces el problema del régimen político de Turquía: Erdogan comenzó a introducir su iniciativa de pasar a un sistema presidencialista, que le permitiera ejercer el poder de manera irrestricta, sin trabas institucionales.

Para el partido gobernante AKP, esto se trata de un problema estratégico. Este partido islamista se plantea refundar las bases del Estado turco, que desde la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial (1918) posee una tradición laica y una ubicación relativamente subordinada en el escenario internacional. Con un sistema presidencialista fuerte en manos de un caudillo islamista, se fortalecen las condiciones para transformar el carácter y ubicación del Estado mismo, para intentar relanzar un Estado más similar al viejo Imperio Otomano. Este es el sueño reaccionario de los islamistas turcos: relanzar a Turquía como país imperialista sobre una base religiosa (o por lo menos, con elementos fuertes de legitimación y legislación religiosa), con capacidad de ejercer una influencia regional mucho mayor.

Tras la elección presidencial de Erdogan, el siguiente gran episodio de la crisis política turca fue el conflicto con los kurdos. El partido islamista gobernante vio con un enorme resquemor el triunfo de los kurdos en Kobane (Siria, en la frontera con Turquía) contra el Estado Islámico, concretado en febrero de 2015. Este triunfo fortalecía inevitablemente a los kurdos de Turquía, oprimidos por su propio Estado. A esto se sumó el gran resultado electoral que obtuvo el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), partido pro-kurdo y de izquierda reformista, en las elecciones de junio de 2015, entrando por primera vez al parlamento con una gran cantidad de diputados. Por otro lado, este resultado no le otorgaba al partido islamista gobernante los números necesarios para volver a gobernar en soledad. La situación política turca entraba en un impasse difícil de resolver.

Para destrabar la situación a su favor, Erdogan lanzó entonces una campaña de fuertes provocaciones, que desató una proto-guerra civil en las regiones kurdas del país. Las Fuerzas Armadas turcas asediaron, bombardearon e invadieron las ciudades y poblaciones kurdas, causando una enorme destrucción y una gran cantidad de muertos. Crímenes de guerra que recientemente fueron reconocidos por primera vez por un informe de la ONU, sin que en su momento fueran denunciados por las grandes potencias imperialistas “democráticas”.

En el marco de ese proceso de hostigamiento y violencia brutal, se realizaron nuevas elecciones en noviembre del 2015 donde el partido gobernante AKP pudo obtener la mayoría necesaria para formar gobierno (capitalizando la polarización generada por el enfrentamiento militar). Pero la base de la situación ya era mucho más inestable.

Este cóctel se volvió infinitamente más explosivo en julio de 2016. Allí un heterogéneo y opaco grupo de conspiradores militares lanzó una intentona golpista que fracasó (no sin dejar una gran cantidad de muertos en el camino). El gobierno de Erdogan acusó de ser responsable de la misma a la cofradía de su exaliado Fetthulah Gulen, también islamista. Lanzó entonces una campaña de caza de brujas que, identificando supuestos “gulenistas” en todos lados, instaló un régimen de represión y terror. Cientos de miles de empleados estatales fueron despedidos, miles de personas fueron encarceladas (incluidos muchísimos periodistas), los medios de comunicación independientes fueron clausurados, etc. Al mismo tiempo, se profundizó la represión contra los sectores de izquierda como el Partido Democrático de los Pueblos, encarcelando a sus líderes, diputados y hasta a sus alcaldes (previa destitución sumaria).

Así es como Erdogan terminó por concretar en los hechos su giro autoritario. Estableció un Estado de emergencia que desde ese momento se viene renovando indefinidamente. Liquidó prácticamente todo derecho de protesta, de expresión y de oposición. Impulsó inclusive la destrucción física de los locales de la izquierda a través del uso de patotas de su base partidaria.

En ese clima ultrarreaccionario, el parlamento turco aprobó finalmente a comienzos de 2017 la convocatoria a un referéndum (que se realizará en abril) para aprobar una reforma constitucional introduciendo el sistema presidencialista. Desde entonces, toda la situación política giró a la campaña electoral del referéndum, con el oficialismo haciendo campaña por el “sí” tanto dentro como fuera de Turquía.

La crisis diplomática con Europa y la reforma constitucional

El actual conflicto se desató por el intento del gobierno nacional turco de realizar actos proselitistas en países europeos (donde se encuentran presentes importantes comunidades de inmigrantes turcos), para hacer campaña allí a favor del sistema presidencialista. El gobierno holandés le negó el ingreso al país a un ministro nacional de Turquía que tenía ese objetivo, impidiendo el aterrizaje de su avión. Este fue el detonante que hizo estallar la crisis.

El gobierno de Holanda, al igual que varios gobiernos e instituciones europeas, ven con preocupación el giro crecientemente autoritario de Erdogan. En los últimos meses viene ocurriendo una escalada de roces y tensiones entre ambos. Tanto el gobierno de Alemania como la Comisión Europea se manifestaron en los últimos días contra la posibilidad de que acumule más poder en sus manos.

De parte de los gobiernos europeos, sin embargo, se trata de una posición completamente hipócrita. Durante años fueron cómplices de todos los crímenes de Erdogan, callando ante ellos ya que Turquía era un socio político y comercial. Más aún, Turquía actuó estos últimos años como “guardia fronterizo” de Europa, impidiendo el ingreso de cientos de miles de refugiados provenientes centralmente del conflicto sirio. Los gobiernos europeos entregaron sumas de dinero enormemente cuantiosas al Estado turco para que funcione como una gran muralla contra los inmigrantes.

Por otro lado, la súbita preocupación “democrática” de Europa pasa por alto su propia creciente xenofobia e islamofobia. Mientras se erige en supuesta defensora de las libertades y derechos individuales, cercena cada vez más las libertades y los derechos de sus inmigrantes y ciudadanos musulmanes o provenientes de las excolonias de Asia y África. Una Europa elitista que intenta convertirse en una fortaleza, desentendiéndose de las víctimas de los problemas que ella misma contribuyó a generar durante siglos.

Por esta razón, ante la sociedad turca, el choque con Europa aparece como si fuera un descargo “anti-imperialista”, una reivindicación de la dignidad turca frente a la prepotencia de los colonizadores europeos. Ese sentimiento intenta capitalizar Erdogan en función de sus intereses reaccionarios: apareciendo como el “caudillo de la nación oprimida”, busca en realidad cimentar su propio poder absoluto para utilizar contra los trabajadores, contra las mujeres, contra la juventud, contra los kurdos, etc., etc.

No está claro hasta qué punto el gobierno islamista logrará su objetivo. Las primeras encuestas de intención de voto para el referéndum señalaban un resultado relativamente parejo, con un amplio sector de la sociedad rechazando la cristalización autoritaria de la situación. Es muy probable, sin embargo, que la utilización de una represión sistemática contra la oposición y la movilización masiva de recursos del Estado termine inclinando la vara para el lado del “sí” (incluyendo, llegado el caso, la posible realización de un fraude electoral sistemático). Pero tampoco puede descartarse que el rechazo sea mayor al previsto.

En cualquier caso, el referéndum se trata de una trampa reaccionaria que debe ser denunciada. En su contenido, porque busca concentrar el poder en manos de un gobierno derechista, retrógrado religioso, neoliberal y antipopular. En su mecanismo, porque obliga a la población a decidir a favor o en contra de una propuesta sobre un aspecto puntual del régimen político, sin permitirle discutir y decidir sobre el régimen en su conjunto. Es el sistema político en su totalidad el que debe ser puesto en cuestión, por ejemplo, a través de una Asamblea Constituyente libre y soberana, que pueda refundar el conjunto del país sobre nuevas bases (laicas, democráticas y socialistas).

De la misma manera, también debe ser denunciado el imperialismo europeo, su giro xenofóbico e islamofóbico, así como su centenaria política de opresión al mundo colonial y sus descendientes. Europa carece de cualquier autoridad política y moral para dar lecciones de “democracia” al resto del mundo.

Turquía necesita una salida independiente tanto del imperialismo europeo y yanqui como del autoritarismo reaccionario de Erdogan y los islamistas. Una salida que ponga en el centro los intereses de todos sus explotados y oprimidos.