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8M en Guatemala: la masacre es responsabilidad del Estado

Por Johan Madriz,NPS,Costa Rica.

“Ésta fue una rebelión de niñas.

Cualquiera que viva aquí cerca sabe que esto es un infierno.”

Mientras en más de 50 países se estaban realizando paros y manifestaciones durante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora exigiendo detener la marea de mujeres muertas en el mundo por el solo hecho de ser mujeres, en Guatemala vivíamos uno de los asesinatos más bárbaros del patriarcado en los años recientes.

Este se produjo en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción (que resultó no ser para nada seguro) donde más de 800 menores de edad vivían hacinados en un espacio físico con capacidad para 500 personas y que estaban sometidos constantemente a vejaciones y violencia sexual. Este centro, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, tenía denuncias ante organismos internaciones y los tribunales de justicia nacionales desde hace más de un año. Ninguna institución hizo nada.

Las constantes vejaciones y la inacción del gobierno ante las quejas provocan la reacción de un grupo de chicas que trata de escapar de esta prisión sin éxito (otro grupo de cerca de 60 jóvenes si lo logra), siendo encerradas bajo llave en uno de los salones de clases a forma de castigo.

En protesta, al parecer, quemaron sus colchones, provocando un fuego que se salió de control. Pero la reacción de los encargados de la institución no fue dejarlas salir y salvaguardarlas si no al contrario. Las mantuvieron cautivas para hacerlas pagar por su rebeldía y quejas mientras las llamas y el humo las asfixiaban y calcinaban. Una medida que debería servir de ejemplo a los demás chicos y chicas del centro. El resultado son 38 jóvenes calcinadas (aunque la cuenta puede subir).

Reproducimos in extenso algunos extractos de una nota publicada por un medio guatemalteco[i] recogiendo desgarradores testimonios de testigos y familiares de las víctimas:

“Una señora sube con los ojos llorosos. Le preguntamos si busca a un hijo y nos dice que no, que es una vecina. Que ayer subió cuando escuchó que habían problemas, que vio como las niñas, tiraban piedras a sus maestros y a los policías mientras gritaban:

– Viólennos aquí, delante de todos. Vengan a violarnos pues, si eso quieren otra vez.

La señora sigue con los ojos llorosos.

– Ésta fue una rebelión de niñas. Cualquiera que viva aquí cerca sabe que esto es un infierno.

El infierno no es una metáfora”.

“Ustedes no salen de aquí hasta que me hagan sexo oral”, ordenó el maestro Edgar Rolando Diéguez Ispache a los estudiantes de 12 y 13 años de edad, cuando éstos pretendían salir del salón en el que recibían los cursos de quinto y sexto primaria”.

“El mismo maestro ordenaba a alumnas y alumnos caminar desnudos frente a sus compañeros en el salón de clase. Uno de los albañiles, José Roberto Arias Pérez, violó a una niña con retraso mental. Un supuesto trabajador, descrito en una de las 28 denuncias a la Secretaría de Bienestar Social como Joseph, obligaba a las niñas a tener relaciones sexuales con él y las sacaba del hogar.

Diéguez Ispache está en juicio. Arias Pérez fue condenado a 8 años de prisión. Joseph probablemente todavía trabaja en el Hogar Seguro”.

Y es que en este crimen queda sumamente clara la responsabilidad del gobierno. Las muertes se producen en una instancia del poder Ejecutivo que encubrió abusos y violaciones mientras sometía a los y las jóvenes a condiciones de vida paupérrimas. El Judicial no le dio la importancia correspondiente a la situación, dejando acumularse denuncias en escritorios sombríos en los sótanos de los tribunales. El Legislativo cumple su papel sancionando leyes que avalan la explotación y opresión y garantizan la impunidad.

Pero más allá de estas cuestiones puntuales, el gobierno, como garante de las relaciones de explotación capitalistas y opresión de unos sectores sobre otros, como salvaguarda del patriarcado y la sumisión de la mujer es el gestor de la descomposición social y la violencia que en primera instancia llevó a esos jóvenes a estar encerrados en ese centro.

“¿Por qué delito están allí esos niños y niñas y adolescentes? Algunos fueron reclutados por las pandillas para el robo, la extorsión o el asesinato. Otros cometieron la insolencia de pertenecer a una familia que los abandonó a la calle, a un padre que les pegaba hasta que un vecino llamó a la policía. A una red que las prostituía siendo niñas. A unos padres que no supieron que hacer cuando vieron que su hijo tenía capacidades especiales. Otros nacieron allí, hijos de adolescentes violadas por sus compañeros o sus maestros o los trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social”.

Como vemos en esta descripción, todas son situaciones que fomenta y avala el estado capitalista patriarcal y que como tal se ensaña en subyugar a las mujeres: la dependencia económica a una pareja violenta producto de la falta de educación y trabajo que permita sostenerse a sí misma y a su familia si es necesario. Las redes de trata y la permisibilidad con el acoso y la violencia sexual que produce violaciones y embarazos no deseados al tiempo que se prohíbe el aborto. La pobreza que empuja a padres y madres a abandonar a sus hijos por la incapacidad para mantenerlos o los empuja a las redes de sicariato y narcotráfico. Todo causado por el gobierno en alianza con la patronal y las iglesias. Todo con tal de mantener atada a la mujer que puede ser tan revolucionaria.

Los guatemaltecos han mostrado su repudio y se han realizado manifestaciones donde “gritaban consignas como ‘fue el Estado’, ‘no fue un accidente, fue una ejecución’ y ‘el único accidente es este Presidente’, en referencia al mandatario Jimmy Morales”[ii]. Es ese sentido la tarea es salir a las calles a exigir justicia por la muerte de estas chicas y la renuncia y encarcelamiento del presidente Morales y todos los responsables.

Este 8 de marzo fue de luto en Guatemala, pero al mismo tiempo de furia y enojo que ahora debe transformarse en organización, para no permitir que algo así vuelva a suceder y esto será posible solo con un movimiento de mujeres fuerte, movilizado en la calle que señale a los culpables y presione a la justicia para su procesamiento y castigo.

La sangre de estas chicas cae sobre todo el podrido estado guatemalteco, que como garante y auspiciador de estas violaciones es el responsable.

Notas

[i]“Las razones de las niñas para amotinarse en el Hogar Seguro” de Nómada (https://www.facebook.com/notes/n%C3%B3mada/las-razones-de-las-ni%C3%B1as-para-amotinarse-en-el-hogar-seguro/1127265157383218)

[ii]http://www.lanacion.com.ar/1992314-sube-a-39-numero-de-ninas-fallecidas-por-incendio-en-guatemala

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El callejón sin salida de la estrategia “progresista”

Por Ale Kur, 8/9/16

La semana pasada, el Congreso brasilero decidió la destitución definitiva de la presidenta Dilma Rousseff. Esto puso fin abruptamente a 13 años de gobierno del PT (Partido de los Trabajadores), sin consultar a la población a través de ningún mecanismo.

De la misma manera, proclamó presidente hasta fines de 2018 a Michel Temer. Este personaje, que era el vicepresidente de la fórmula encabezada por Dilma, tiene la intención explícita de imponer un plan de ajuste mucho más intenso que el que ya había comenzado la presidenta. Si bien Dilma tomó un claro rumbo ajustador en su mandato, éste no podía llevarse hasta el final por las contradicciones que generaba con la base social del PT, en su mayoría trabajadores, población empobrecida, jóvenes, intelectuales progresistas, etc.

Por eso la poderosa burguesía brasilera (una de las más importantes del continente) necesitaba sacarse de encima al PT e imponer en el gobierno a un títere, un agente directo como Temer. Las grandes corporaciones mediáticas impulsaron junto a sus partidos políticos una furiosa campaña política, que terminó en la antidemocrática destitución parlamentaria. La proclamación de Temer como presidente es un ataque directo a la voluntad popular: durante más de dos años los destinos del país estarán en manos de alguien que no fue votado para gobernar, que no debió rendir cuentas ante nadie de su programa de gobierno, y que por añadidura tiene bajísimos índices de popularidad. Temer es presidente, pero jamás podría ganar una elección. Su plan de ajuste no cuenta con la simpatía de la clase trabajadora, y por eso no podrá imponerlo más que recurriendo sistemáticamente a la represión, como ya está haciendo.

En síntesis, en el marco de las instituciones del régimen político brasilero y cubierta por el manto de la Constitución, la burguesía pasó escandalosamente por arriba de su población, imponiendo su propio interés social por encima de cualquier formalidad democrática. El régimen político democrático-burgués se mostró como lo que es: una cáscara para la dominación descarada de la burguesía, donde la opinión popular no cuenta en lo más mínimo.

El parlamento, los medios de comunicación, el sistema judicial (y todas las instituciones) actúan guiados por sus propios intereses, que coinciden en líneas generales con los del puñado de multimillonarios que concentran en sus manos las grandes palancas de la economía; es decir, los grandes capitalistas. Los partidos políticos burgueses se compran y venden al por mayor, pasándose de una coalición a otra, del oficialismo a la oposición, careciendo de todo programa y visión seria sobre la realidad. En Brasil estos rasgos se presentan de manera especialmente descarada, pero son intrínsecos a todos los sistemas parlamentarios burgueses. En Argentina lo hemos visto en infinitas ocasiones.

Pero no son solamente las instituciones políticas las que permiten la dominación de la burguesía sobre los intereses de las mayorías populares. Centralmente, es la propiedad privada de las grandes empresas, de los bancos, de las fábricas, de las cadenas de comercialización, de la tierra. Así es como la burguesía tiene el poder de hacer colapsar la economía cuando no considera que las condiciones le sean favorables. A través de los lockouts –cierre de empresas-, del desabastecimiento, de la inflación, de los despidos y suspensiones, de la desinversión y la contracción del crédito, los grandes capitalistas pueden imponerle a toda la sociedad su propia voluntad. Ya vimos cómo en Venezuela estos mecanismos (usados tanto por los opositores a Maduro como por la propia burguesía “bolivariana” que se enriquece con ellos) están llevando a una auténtica catástrofe económica, que pone un signo de interrogación sobre la permanencia del chavismo en el gobierno.

En Argentina, durante el kirchnerismo, observamos cómo estos actores resistieron inclusive a los muy superficiales intentos del gobierno por acotar su poder o sus ganancias. Ya sean los capitalistas agrarios en el conflicto de 2008, las corporaciones mediáticas contra la Ley de Medios, los jueces contra la tibia reforma judicial, etc.  Con el triunfo del macrismo, gran parte de las medidas “progresistas” del kirchnerismo fueron desarticuladas de un plumazo, demostrando que nada realmente profundo había sido modificado.

El amplio espectro del “progresismo” latinoamericano (PT, chavismo, kirchnerismo, etc.) basó toda su estrategia en la premisa de que es posible y necesario gobernar ateniéndose a este conjunto de instituciones políticas, económicas y sociales. Se aceptó sin chistar las reglas del juego de la burguesía: a su antidemocrático sistema se le concedió el título de “democracia” y se la elevó a principio sagrado e intocable.

Así es como tanto Dilma Rousseff, como Nicolás Maduro y Cristina Kirchner, llegaron al mismo callejón sin salida. Sus experiencias de gobierno demostraron que no es posible hacer ningún cambio profundo y duradero en el marco de este régimen. Luego de década y media de generar ilusiones en esta “vía institucional”, el ciclo progresista culminó en un estrepitoso fracaso, dando lugar a gobiernos de derecha tradicionales.  Los cientos de millones de trabajadores, de población pobre, de jóvenes, los movimientos sociales y organizaciones políticas que creyeron en ellos se encuentran ahora ante una profunda decepción.

Ninguna liberación de América Latina es posible bajo las “reglas del juego” de la burguesía

En América Latina se instalaron desde la década del 2000 (o poco antes) una serie de gobiernos denominados “progresistas”. Estos gobiernos fueron subproducto de las rebeliones populares que sacudieron al continente, y del resquebrajamiento del “consenso neoliberal” de la década de los 90. Las experiencias “progresistas” tienen como común denominador el planteo de avanzar hacia una mayor integración y autonomía de América Latina, una mejor distribución de la riqueza, mejores niveles de vida para las amplias mayorías, etc. Sin embargo, el balance de esta década de gobiernos de ese signo muestra muy pocas o ninguna de estas conquistas.

Las economías de América Latina, atrasadas y dependientes, no modificaron un ápice su estructura. Mientras los flujos de ganancias e inversión estén en manos de la burguesía (multinacional o local) y sus intereses parasitarios, inmediatistas y competitivos, no hay ninguna esperanza de que éstos vayan a parar a un desarrollo industrial, autónomo e integrado. Por el contrario, bajo los gobiernos “progresistas” las viejas y nuevas camarillas empresarias siguieron rapiñando los recursos naturales, las finanzas públicas, las infraestructuras de servicios, etc., sin invertir un centavo para sacar adelante a la región.

Tampoco la distribución del ingreso mostró mejoras significativas. Al continuar los recursos, las finanzas y la producción en manos de unos pocos, éstos siguieron enriqueciéndose como siempre (y quizás más que nunca), mientras muy poca de esa riqueza “derramó” hacia abajo. En todo caso, en el marco de un ciclo económico favorable, mejoraron momentáneamente algunos índices, retrocediendo (muy parcialmente) la pobreza. Pero no se trató de una transformación estructural; con la finalización del ciclo económico ascendente, millones de personas que habían quedado por encima de la línea de pobreza están volviendo a caer debajo de ella.

Con el avance de la crisis económica mundial y la reducción (o eliminación) de los grandes flujos de divisas que ingresaban a América Latina como parte del comercio mundial, los límites de los gobiernos “progresistas” se mostraron en toda su magnitud. La presión económica los hizo girar hacia políticas de ajuste, que les alienaron parte de su base social (por lo cual tampoco fueron capaces de llevarlas hasta el final). Los grandes capitalistas comenzaron a necesitar gobiernos que puedan ir más lejos, llevándose por delante las (no muy profundas) conquistas que los trabajadores y el pueblo obtuvieron en el periodo. Así se recrudeció en toda la región la batalla entre los gobiernos “progresistas” y las oposiciones por derecha, las corporaciones mediáticas, los mercados, etc.

El desenlace final de esta batalla es conocido. La caída de Dilma Rousseff es un nuevo punto de inflexión en la tendencia regional hacia el regreso a gobiernos neoliberales clásicos. Gobiernos que intentan imponer una nueva relación de fuerzas mucho más girada hacia la derecha, a través de la eliminación de derechos, de la represión y de la introducción de un nuevo “consenso reaccionario” (que se ve puede ver en aspectos como la política de Derechos Humanos, etc.).

Es una tarea de primer orden para los trabajadores y los sectores populares, para los movimientos sociales, para todos los explotados y oprimidos, enfrentar y derrotar a estos gobiernos reaccionarios. Esto sólo se podrá conseguir mediante una estrategia de movilización en las calles, de grandes huelgas y luchas masivas. Y para esto es necesario romper con las ilusiones que instalaron los gobiernos “progresistas” con respecto a las instituciones del régimen político, económico y social vigente. No podemos quedar atados a gobiernos reaccionarios como el de Temer y Macri por la vía de un supuesto “respeto a las instituciones”, que no son las nuestras y que además ellos son los primeros en pasar por encima. Hace falta sacar conclusiones de la experiencia de estos últimos quince años para poder avanzar hacia una auténtica ruptura con el orden establecido, abriendo una alternativa socialista.