El desalojo del Banc Expropiat: dos semanas de lucha y movilización

Por Carla Tog y Louise Jett

En nombre de quienes lavan ropa ajena (y expulsan de la blancura la mugre ajena).
En nombre de quienes cuidan niños ajenos (y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones).
En nombre de quienes habitan en vivienda ajena (que ya no es vientre amable sino tumba o cárcel).
En nombre de quienes comen mendrugos ajenos  (y aún los mastican con sentimiento de ladrón).
En nombre de quienes viven en un país ajeno (las cosas y las fábricas y los comercios y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes son siempre de otros y por eso está allí la policía y la guardia cuidándolos contra nosotros).
En nombre de quienes lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión, muerte…
Yo, acuso a la propiedad privada de privarnos de todo.  (Roque Dalton)

Son muchos los proyectos autogestionados que en Cataluña y sobre todo en Barcelona se han dado desde la época de los ochenta, la okupación de la Casa de la montaña por ejemplo, la okupación de Can Vies en 1997 y la okupación del Banco Expropiado. Estos espacios se han convertido en símbolos de la ciudad ya sea a causa de la represión que han sufrido, de la lucha que han promovido, o la vida que han dado en los barrios. Allí se han desarrollado y experimentado nuevas prácticas de gestión e intervención comunitaria apoyándose en el tejido asociativo y vecinal, ganando a la especulación inmobiliaria o financiera, o recuperando espacios del simple abandono.

Ya hemos vivido en el 2014 el desalojo de Can Vies recordado como la encarnación de la lucha contestataria en la calle, en 2015 la operación Pandora donde se evidenció la manipulación de los medios de comunicación y la persecución de las anarquistas en Barcelona, otros desalojos menos sonados como el del Casal Tres Lliris y este año nos toca luchar por el Banco Expropiado: es evidente el aumento de la represión que ha estado sufriendo el movimiento recientemente. Estas luchas nos han aportado una serie de enseñanzas políticas: que gobierne quien gobierne, la que manda es siempre la propiedad privada; que nuestra posición es más que nunca necesaria para oponer una alternativa de organización y de lucha a las ilusiones institucionales y reformistas; que lo que nos ha permitido resistir hasta ahora es la solidaridad que hemos logrado construir entre los diferentes colectivos y personas.

El pasado lunes 23 de mayo por la mañana todo un despliegue policial alteraba la calma del céntrico barrio barcelonés de Gracia. Más de quince furgonetas antidisturbios, un helicóptero que circundaba la zona y decenas de Mossos d’Esquadra (policía autonómica) cortaban los accesos, tapiaban los cristales y comenzaban  a desalojar a los “okupas” del Banc Expropiat. Se trata de una vieja sucursal bancaria de Caixa Tarragona posteriormente absorbida por Catalunya Caixa (rescatada con dinero público) y ocupada en octubre de 2011 después de una manifestación por el derecho a la vivienda convocada por la Asamblea de la Vila de Gràcia  y que se utilizaba para realizar distintas actividades sociales y culturales.

Casi instantáneamente vecinos, activistas y compañeros comenzaron a acercarse y concentrarse en la plaza de la Revolució para repudiar el desalojo y condenar la actuación policial, que como podrá imaginarse, no fue para nada “pacífica” (golpes, patadas, empujones, etc.), cuando se trata de cumplir con la ley y salvaguardar la sacrosanta propiedad privada.

Durante la tarde por el boca a boca y las redes sociales fueron convocadas varias concentraciones. Y miles acudimos a la cita. La manifestación de la noche fue multitudinaria.

Una masiva marcha de miles, cuya columna vertebral  fue una potente y aguerrida juventud, recorrió  las calles del barrio acompañada por vecinos, activistas y distintas organizaciones. Ante la mirada atónita de los turistas, un amplísimo sector de vecinos salía a sus balcones y cacerola en mano se sumaba a los cánticos que esa noche se hicieron un solo grito en Gracia: “El único terrorista, el estado capitalista”, “El Banc Expropiat se queda en Gracia”, “Quien siembra miseria, cosecha rabia”, “gobierne quien gobierne seremos ingobernables”.  

Al  llegar al Banc que se encontraba tapiado y custodiado algunos compañeros intentaron volver abrir el local con sierras radiales. Fue entonces cuando los antidisturbios cargaron brutalmente (incluidos proyectiles de foam) para desalojar el lugar y dispersar la protesta. Durante horas Gracia se transformó en un caos y lugar de corridas y enfrentamientos con la policía, que con furgonetas y helicóptero nos persiguió por las calles del barrio y los alrededores.

Las protestas para intentar recuperar el Banc y las cargas policiales se repitieron hasta el jueves 26 cuando la protesta se transformó en una cacerolada con gran eco en el barrio. En los días siguientes hubieron distintas actividades y concentraciones en el barrio hasta el domingo 23 cuando una vez más, ante un nuevo  intento de cientos de jóvenes para recuperar el local, la respuesta policial fue la misma; represión y persecución a los manifestantes. Al momento, el pasado domingo 5 de junio cinco compañeros ingresaron al local y fueron desalojados y tres de ellos detenidos. El local permanece tapiado, rodeado y custodiado. El Banc Expropiat dejó de funcionar. Y allí está la policía, cuidándolo de nosotros. ¿Cómo se llegó a esta situación?

Un desalojo que tiene responsables

Hacía más de un año que el local estaba pendiente de desalojo. Sin embargo, el ex alcalde, el  convergente Xavier Trias decidió pagarle con dinero público y sin conocimiento de nadie, un alquiler de 5.500 euros mensuales al propietario. Como bien señalaron desde el colectivo del Banc, Trías quiso “comprar la paz social” para evitar conflictos antes de las elecciones y antes de que pudiera asimilarse el no tan lejano desalojo Can Vies y por eso su gobierno firmó un contrato que estipula, entre otras cosas, que corre por cuenta del Ayuntamiento garantizar hasta la última cerradura, pintura, incluidos los gastos de agua, luz, gas, mantenimiento hasta el pago del IBI (más de 3.000 euros anuales) y la tasa de basura de la propiedad. Además  en el contrato también explicita que el local está ocupado y que el acuerdo de alquiler se realiza “ante la previsión cierta de que el lanzamiento forzoso de los ocupantes del local ocasionará disturbios y altercados”.

El Banco Expropiado fue ocupado en octubre de 2011 y en 2013 los okupas recibieron una demanda civil de parte de la propiedad, Catalunya Caixa, solicitando que abandonaran el inmueble: esto desató una gran campaña de solidaridad que logró que el juicio se suspenda en dos ocasiones. En 2013 la entidad vendió el local a la empresa inmobiliaria de Manuel Bravo (1), Antartic Vintage. La empresa de Bravo continuó adelante con el litigio y en 2014 consiguió una sentencia de desalojo a su favor. Pero como Trías negoció, acordó y firmó un contrato de alquiler absolutamente favorable para el empresario, el desalojo nunca se hizo efectivo. La nueva alcaldesa Colau aludiendo al mal uso del dinero público cerró el grifo y el alquiler  dejó de pagarse el 1º de enero de este año.

Como era de esperarse Antartic Vintage reclamó nuevamente el desalojo ante los juzgados. Como era de esperarse también en estos casos,  la “Justicia” burguesa falló a favor de la propiedad privada y del empresario-propietario. Y como también suele suceder  ante un fallo favorable a los grandes empresarios beneficiados por los “favores” de los gobiernos de turno, es la policía (los esbirros y guardianes del poder y la propiedad) la que tiene la función  de que la ley se cumpla. Los mossos cumplieron su función de brazo ejecutor de un fallo de la Justicia burguesa e hicieron que la ley se cumpliera. Por eso el desalojo se hizo efectivo  el pasado 23 de mayo y por eso Gracia explotó.

Como era de esperarse también los medios masivos de comunicación, nada independientes, con sus omisiones, tergiversaciones y mentiras, se posicionaron  del lado de la policía, la legalidad y el gobierno, vale decir, en contra de los manifestantes. Por eso una de las consignas más cantadas en las manifestaciones de Gracia fue “La prensa apunta la policía dispara”.

Esta explosión entonces tienen su primer responsable político; Trías y su gobierno, que utilizaron dinero público en beneficio propio y en el de un empresario privado. Le compraron a Bravo un poco de paz social a cambio de 5 mil euros mensuales y la garantía mantener y proteger  su propiedad (protegerla de maltratos al inmueble y de las personas que lo habitan).

Pero la nueva alcaldesa Ada Colau tampoco está exenta de responsabilidad. Sus declaraciones fueron en el sentido de desvincularse del desalojo y del conflicto desatado asegurando que se hizo una mala gestión y una «mala utilización del dinero público para tranquilizar una situación en época electoral», que «han desalojado los Mossos un tema entre privados que se ha resuelto judicialmente» y que «los ocupantes manifestaron que no querían ningún tipo de mediación o de alternativa, así que es un tema entre privados que se ha resuelto judicialmente».

Tiene razón Colau cuando dice que se ha malversado dinero público, pero el problema o la responsabilidad que le cabe está en cómo ha actuado y que postura política ha tomado frente a los hechos y a las consecuencias que este ha desatado. Resulta poco creíble que la alcaldesa, que viene de la lucha contra los desahucios, no supiera que al cerrar el grifo se venía un juicio por desalojo y que lo más probable fuera, como fue, que la justicia fallara a favor del propietario y se procediera a desalojar el local (por la fuerza, policial, si es necesario).

Por eso lo irritante de sus declaraciones es que se saca toda responsabilidad y traslada todo el asunto al ámbito judicial y entre privados. Y con este accionar se avala la actuación de la justicia y de los mossos. Y de hecho aunque hoy Bravo ya no cobre los 5 mil euros su propiedad está custodiada y limpia. De mugre y de ocupas.

Parece que la alcaldesa del cambio que prometió gobernar con “una pata en las instituciones y otra en las calles”, se olvidó de una de ellas. La alcaldesa del cambio no estuvo al frente de las manifestaciones en Gracia para reclamar que un local ocupado de una entidad bancaria rescatada vuelva a manos de quienes lo ocupaban. Prefirió respetar la legalidad y la propiedad privada en vez de sumarse a las calles, cobrarle más impuestos a los ricos y no pagarle ni un céntimo a los Bravo, que en última instancia más que responsables, son los grandes beneficiados en todo esto.

Incluso desde el Ayuntamiento se llegó a hablar de comprarle el local a Bravo que exigió una cifra de seis ceros para la venta del local. Tras una segunda reunión el precio quedó en 700.000 €, un precio inasumible por el ayuntamiento: «Nos hemos interesado por el precio del local por si las entidades del barrio se plantearan una compra colectiva y el Ayuntamiento pudiera avalarlas. Ante problemas complejos, tenemos que encontrar soluciones diferentes y creativas «, explicaba Eloi Badia, concejal del distrito de Gracia. Vaya “creatividad” la de pagar precios desorbitantes a los empresarios para hacerse con un edificio que los movimientos sociales gestionan desde hace años: como si a los trabajadores y al pueblo nos sobrara el dinero para seguir enriqueciendo a estos parásitos en vez de reclamar y tomar lo que es nuestro.

Tampoco estamos de acuerdo con la propuesta de Colau de reubicar a los okupas: de esta manera se está diciendo a los ciudadanos que el ayuntamiento apoya a una empresa que se dedica a la especulación, actividad que nos ha llevado a la «crisis» que hoy todavía padecemos. Una empresa que hace que los comercios tengan que cerrar porque suben la cuota de alquiler. Apoyar al Banco Expropiado significa luchar contra la especulación y fomentar la participación ciudadana, es por eso que el banco es tan importante para los ciudadanos de Barcelona, no queremos ningún otro

En este marco, donde el clima electoral domina todo, habrá que redoblar los esfuerzos para recuperar el Banc y para que vuelva a manos de la gente. Sólo la masificación de la movilización podrá lograrlo. Siendo miles y miles en las calles exigiendo que la crisis la paguen los capitalistas y  para que el Banc vuelva a ser expropiado para ponerlo al servicio de los trabajadores, los sectores populares y la juventud.

Notas

(1) El empresario Manuel Bravo Solano es el principal enemigo del colectivo del Banc, que considera la historia del local un ejemplo de las nefastas consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria. Además de esa sociedad, el empresario figura en, al menos, una decena de empresas todas ellas relacionadas con la compraventa de activos inmobiliarios, fincas y terrenos. Aparece como apoderado o administrados en sociedades como Madison Europe SL, Lubecsa Global SL, Gramer Development SL, Antartic Vintage SL, Meridian Center SL, Niki Gestion SL, Karner Trade SL o Bokia Trade SL.